Foto: Vía RFI
A un mes de la realización de las elecciones en Nicaragua, diversas organizaciones opositoras llamaron a la comunidad internacional a desconocer los comicios del 7 de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega buscará su cuarto mandato, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las organizaciones, que brindaron una conferencia de prensa en Costa Rica, hacen esta petición en base al encarcelamiento de los principales líderes de oposición que aspiraban a participar en el proceso electoral y que gozaban de popularidad, según las encuestas, tal como es el caso de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
De igual forma, indicaron que Ortega ha incumplido con la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual fue aprobada en octubre de 2020, y en donde se demandaron reformas electorales con estándares internacionales.
Contrario a ello, el oficialismo aprobó unas polémicas reformas con las que se agudizaron las restricciones a los partidos que estarían compitiendo en el proceso y se les prohibió, entre otras cosas, el recibir financiamiento del exterior, así como de organizaciones no gubernamentales para las campañas.
Por otra parte, a los Estados miembro de la OEA les sugirieron realizar las presiones diplomáticas y económicas necesarias para suspender a Nicaragua de la organización hasta que se lleven a cabo verdaderas elecciones que cumplan con todos los estándares necesarios.
«Les solicitamos que, en el marco de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de noviembre de 2021 en Guatemala, se convoque a los cancilleres a realizar una Asamblea General Extraordinaria para aprobar una resolución sobre la ilegitimidad y no reconocimiento de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021 y la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática», reza el comunicado.
Finalmente, exhortaron a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a todos los países democráticos del mundo, “a sumarse a una condena colectiva por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y a declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura Ortega Murillo, e incrementar las sanciones a los responsables de estas violaciones».