El movimiento Archipiélago ha denunciado que el régimen de la isla inició una «campaña de terror» para evitar que la población se movilizara el 15 de noviembre.
A través de un comunicado publicado en su página de Facebook, los activista anunciaron que extenderán la jornada cívica por el cambio en Cuba hasta el 27 de noviembre.
«El gobierno cubano ha respondido a nuestros reclamos como lo hace una dictadura: militarización extrema de las calles, más de 100 activistas sitiados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de repudio, violencia, amenazas, coacción y discursos de odio. El recrudecimiento de la represión contra la ciudadanía y los manifestantes pacíficos no es ni será aceptada», dice el texto.
La plataforma que ha unido a los cubanos contra el régimen que controla la isla desde hace más de seis décadas ha destacado que a pesar de las amenazas y el hostigamiento contra la población, «el pueblo cubano se ha hecho sentir. Los que han podido se han manifestado en las calles; otros lo han hecho desde la seguridad de sus casas. 120 ciudades de todo el mundo también se unieron a la jornada; y allá donde marchó un cubano, marchamos todos».
El lunes, la dictadura cubana movilizó a las fuerzas de seguridad para intimidar a la población. Los líderes del movimiento Archipiélago fueron sitiados en sus domicilio.
La activista Saily Gonzáles denunció en su cuenta de Twitter que había recibido amenazas de muerte por parte de los que llamó esbirros del régimen cubano.
Los esbirros al servicio de la dictadura en #Cuba me han amenazado de muerte.
Responsabilizo al #GobiernoCubano bajo el mando de @DiazCanelB por cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia.@mbachelet @JosepBorrellF @IsabelBPUE @UEenCuba pic.twitter.com/I6tNSqBeTy— Saily de Amarillo (@SailydeAmarillo) November 15, 2021
«Al cierre de la Jornada 15N, aún consideramos que tenemos una deuda de honor con el Apóstol José Martí de ir a llevarle sus rosas blancas. En tanto, entendemos que las causas que motivaron la convocatoria del 15N siguen vigentes, y el gobierno no ha entendido el mensaje, es nuestro deber ciudadano seguir alzando la voz contra la injusticia», añade la declaración.
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