El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el martes una nueva resolución contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, donde condena la represión dirigida al pueblo nicaragüense y pide al Ejecutivo que restablezca los espacios cívicos y garantice unas elecciones libres el próximo 7 de noviembre.
El documento, fue presentado a iniciativa de ocho países y aprobado por 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 votos en contra, entre estos de Bolivia, Cuba, Venezuela, Rusia y China.
En la resolución el organismo advierte que ve con preocupación “la falta de avances del Gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes”.
Nicaragua se ha visto sacudida desde 2018 por una grave crisis política. En el poder desde 2007 y acusado por la oposición de haber instaurado una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo, Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que ya había estado al frente del país de 1985 a 1990, podría postularse para un cuarto mandato consecutivo.
En diciembre, el parlamento aprobó una impugnada ley que excluye de las elecciones generales de 2021 a quienes promueven sanciones extranjeras contra Nicaragua, una clara referencia a la oposición.
Julie Chung, secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, mostró su firme respaldo a la resolución emitida por la comunidad internacional. Además hizo un llamado a realizar reformas electorales “significativas” en Nicaragua antes de los comicios, para proteger los derechos humanos.
Por otra parte, Colombia y la delegación de Austria se unen al llamado de la ONU para que el gobierno de Ortega libere a las personas que fueron detenidas ilegal o arbitrariamente por razones políticas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las protestas sociales que se iniciaron en abril de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados. El gobierno sólo reconoce 200 fallecidos.
Por otra parte la delegación venezolana catalogó como inaceptable porque trataron de desestabilizar a las “naciones soberanas». Mientras que el representante de Cuba afirmó que el Consejo de DDHH «vive en una burbuja, alejado de la realidad y el más elemental sentido común».
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