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Este viernes, la fiscalía de Bolivia añadió dos nuevos delitos al caso de la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien fue detenida hace más de dos meses por el caso de «golpe de estado».
Citando a los medios internacionales, la Fiscalía asumió esa determinación por el pedido de “ampliación de la investigación” que le hizo la Procuraduría General del Estado de incorporar las figuras de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”.
Todo esto y según el propio fiscal general , Juan Lanchipa, se enmarca en la denuncia efectuada por la ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidya Patty.
Patty presentó la denuncia por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis política que afrontó el país tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Desde entonces reposa un caso ante la fiscalía llamado golpe de estado y el que busca establecer las responsabilidad de las protestas sociales que ocurrieron en 2019 y quien presuntamente Áñez estaría bajo el liderazgo.
Entre los principales denunciados en ese caso están el ex líder cívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, ex jefes militares y policiales.
Pero las acusaciones pesan más sobre Áñez y varios de sus ex ministros como los de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.
El equipo encargado de la comunicación de la ex presidenta notificó a través de un comunicado que hasta ahora y tras cumplirse más de 65 días detenida, aún la fiscalía no ha presentado ninguna prueba que le vincule con los delitos de conspiración, sedición y terrorismo.
El Ministerio de Justicia planteó cuatro proposiciones acusatorias contra la ex jefa de Estado por acciones que asumió durante su Gobierno y que podrían derivar en juicios de responsabilidades ante el Parlamento.
Adayris Castillo/ Redacción america24horas.com