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La ONG Prisoners Defenders cifró en 1.054 los presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, frente a los 137 con los que comenzó febrero de 2021, según los datos publicados este lunes.
Hasta la fecha, la Oorganización tiene verificados 932 presos políticos condenados, pero advirtió de que esta cifra “no es más que una fracción, entre el 50 y el 60% de las cifras reales”, cuya verificación total es “simplemente inalcanzable por organización alguna”. Al menos 120 mujeres son presas políticas de Cuba.
De estos 932, Prisoners Defender constató que 794 son presos de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida. Decenas de detenidos han sido liberados en los últimos meses, pero con unas multas “de cuantías exacerbadas para Cuba”, informó la ONG.
De los presos derivados de la represión de las protestas, Prisoners Defenders indicó que al menos 32 son niños –28 varones y cuatro niñas–. De 13 años hay uno; de 15, tres; de 16 años, nueve; y de 17 años, veintiuno.
Además el 50%, 16 niños y niñas, fueron acusados de sedición. Prisoners Defenders ha denunciado que entre ellos hay niños con “impedimentos y retrasos mentales incompatibles con la violencia y mucho menos con la sedición”.
“Cuba está haciendo añicos su firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, encarcelando y destrozando a la juventud, llevando el terror a las familias de todo el país y causando, de forma salvaje, un dolor irreparable en todos los encarcelados y en sus familias y allegados”, dijo Prisoners Defenders.
En total, 166 prisioneros políticos verificados fueron procesados con el cargo de sedición y al menos 511 prisioneros ya han sido sentenciados. De ellos, 194 con penas de más de diez años, el 38 por ciento.
La organización reconoció, como cada mes, a los otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de dos años y diez meses de cárcel, mediante condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido –como indica textualmente el Código Penal en su artículo 76.1 para estas 11.000–, al contemplar el Código Penal que serían personas proclives a cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Así, les imponen penas de entre uno y cuatro años de prisión sin delito investigado ni cometido.
Con información de EFE/AFP