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Rocío San Miguel, una abogada, defensora de DDHH y experta en asuntos militares venezolana, fue detenida por presuntamente estar vinculada a un plan conspirativo contra el gobierno de Venezuela, confirmó la fiscalía el domingo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que San Miguel fue detenida por presuntamente estar vinculada a un plan conspirativo e intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
“Dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”, manifestó el domingo por la tarde en su cuenta en X.
Saab no ofreció detalles sobre la detención, pero desde el sábado por la noche activistas de derechos humanos comenzaron a denunciar que San Miguel fue arrestada el viernes por las autoridades venezolana cuando, junto a su hija, se disponía a abordar un vuelo en el principal aeropuerto de Venezuela.
Previamente, Justicia, Encuentro y Perdón, una organización dedicada a la defensa de DDHH, alertó que San Miguel se encontraba en situación de «desaparición forzada» lo que, expusieron, constituye un “grave acto de persecución y asfixia contra el espacio cívico en Venezuela”.
“El Estado está obligado a informar sobre el paradero de la activista y los motivos de la detención”, subrayó la organización.
El mes pasado, Saab informó que al menos 36 personas han sido detenidas por las investigaciones sobre los planes conspirativos denunciados por el gobierno y anunció que emitió varias órdenes de arresto.
Tres colaboradores de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado fueron detenidos por el caso por el que señalan a San Miguel y sus abogados denuncian que se encuentran en situación de desaparición forzada.
San Miguel es presidenta de Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría sobre los asuntos de seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional y es constantemente consultada por medios locales e internacionales.
En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y su hija por ser objeto de hostigamiento y amenazas en razón de las actividades que desarrolla al frente de Control Ciudadano.
San Miguel, con nacionalidad venezolana y española, recordó en días recientes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano cumplir una sentencia que le fue favorable por violación de derechos políticos. La abogada, que en 2004 fue despedida de un organismo estatal por haber firmado a favor de la solicitud de un referendo revocatorio contra el ex presidente Hugo Chávez, llevó el caso ante ese órgano judicial.
Alerta internacional
Amnistía Internacional pidió el domingo la libertad “inmediata e incondicional” de San Miguel, respeto a sus derechos, a la medida cautelar y que se le garantice el acceso a sus abogados y familiares.
Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana y dirigentes políticos se pronunciaron para exigir la liberación de San Miguel y denunciaron un patrón de persecución y criminalización para neutralizar a la disidencia.
«Exigimos la inmediata liberación de la presidenta de la ONG @ovesede
y hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a seguir posicionándose firmemente a favor del respeto y garantía de los derechos humanos en Venezuela», manifestó el Programa Venezolano en Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones más antiguas del país.
“Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa (…) llamamos a la solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y perseguidos políticos en Venezuela”, escribió el domingo María Corina Machado en su cuenta en X.
La Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a varios partidos de oposición, condenó lo que calificó como «desaparición forzada» de San Miguel.
«Hacemos un llamado al pueblo venezolano y a activistas en todo el mundo a estar atentos ante esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de la libertad de una persona que durante años ha denunciado y documentado las numerosas violaciones de DDHH en Venezuela. Solidaridad con ella y con todos los presos políticos de nuestro país, exigimos su libertad inmediata», agregó en un mesaje divulgado en las redes sociales.
En varias ocasiones, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, que ha expresado preocupación sobre las restricciones al espacio cívico, ha pedido a las autoridades venezolanas la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente.
VOA