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Estudiantes, docentes y sindicatos de todas las provincias argentinas se congregaron el martes en la “marcha federal universitaria”, una acción de reclamo contra el recorte presupuestario que, según denunciaron, mantiene el gobierno de Javier Milei, enmarcado en su plan económico de shock, en un intento de estabilizar la economía del país.
El principal escenario de la movilización Buenos Aires, capital de Argentina, donde funciona la Universidad de Buenos Aires (UBA), una institución que ha sido nombrada la mejor universidad de América Latina por octavo año consecutivo en 2023 y se encuentra en el puesto 67 según el Ranking QS 2023 a nivel mundial.
La manifestación ocurrió en Plaza Houssay, frente a las facultades de Medicina y de Ciencias Económicas, para luego dirigirse hasta el Congreso nacional y finalizar en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, la sede presidencial.
En Córdoba, cuna de la educación superior y que alberga la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la más antigua del país y una de las primeras en América Latina, también se produjo una concentración.
La acción se replicó en provincias más pequeñas, como en San Luis, donde tres universidades nacionales donde las comunidades de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y la Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC) también salieron a reclamar en las calles.
Karen, estudiante de Educación Especial de la UNSL, dijo a la Voz de América que fue a la movilización porque es la primera de su familia en poder “estudiar en la universidad pública”.
“Mis papás, mis abuelos no tuvieron la oportunidad de estudiar y si yo si la tengo, quiero que las futuras generaciones tengan esta oportunidad”, dijo la estudiante.
Luciana Melto, docente de las carreras de Comunicación de esa universidad dijo que “en Argentina se está destruyendo todo lo público” y “se están estigmatizando los derechos colectivos y humanos”. Para la docente, “la educación está desfinanciada” al punto de “no poder sostener lo mínimo de la universidad”.
Melto afirmó que “con el recorte, con el ajuste y con el presupuesto congelado, ya muchas de las actividades de la educación pública están suspendidas”.
Rocío Lucero, otra estudiante, remarcó la importancia de “defender no sólo la universidad, sino la educación pública en general”. En ese sentido dijo que “no nos da lo mismo si se privatiza (la universidad) o se sigue recortando” el presupuesto universitario.
Universidades y ciencia en alerta, la radiografía que hacen sus autoridades
Los rectores de las universidades públicas días atrás levantaron su voz en un llamado urgente a la acción, por el estado de la educación pública superior y de la investigación científica.
Reunidos en la Comisión de Ciencia, Técnica y Artes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explicaron que una de las principales preocupaciones es la situación presupuestaria de las 57 unidades educativas, dado que la incertidumbre y parálisis en el financiamiento afecta no solo la infraestructura y equipamiento, sino también al pago de salarios de todo el personal docente y no docente, y de las becas de ayuda para estudiantes.
“En estas condiciones, los trabajadores docentes y nodocentes de las universidad, siguen con una pérdida del 35 % de sus salarios, con respecto a la inflación”, señalaron desde la UBA, y agregaron que la crítica realidad de las universidades nacionales “no tiene precedentes”.
También advirtieron por la falta de definición en cuanto a la continuidad de programas y proyectos de investigación gestionados por otras instituciones centrales para el financiamiento de la ciencia y la tecnología en el país, como la Agencia de I+D+i y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
“La ciencia no es un lujo prestigioso, es un proceso colectivo que requiere de recursos humanos altamente calificados, creatividad, solvencia, tiempo, condiciones de trabajo estables y acompañamiento para que sus productos se transfieran al medio socio productivo”, señalaron en el comunicado conjunto del CIN.
Para las autoridades, la colaboración y el intercambio de conocimientos con grupos de investigación de otros países se ven amenazados, lo que podría resultar en una potencial migración de científicos. Esta «fuga de cerebros», como se ha experimentado en el pasado, representaría una grave amenaza para el progreso científico de Argentina.
En el comunicado del CIN, rectores y rectoras señalaron que “las universidades públicas son el corazón del sistema científico y del desarrollo tecnológico de nuestro país y, por su rol en la formación del futuro personal científico, tienen una función irremplazable”.
Y graficaron que “el 60 % del personal dedicado a la I+Ds del país trabaja en universidades nacionales y alrededor del 80 % de trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se desempeña en nuestras casas de altos estudios”.
Además, indicaron que “la educación superior gratuita y de calidad es el pilar fundamental del país”, en el que cada ciudadano tiene el derecho de participar incluso en la ciencia, por lo que remarcaron la “responsabilidad” del Estado para garantizarlo.
«En dos meses la UBA podría cerrar”
El pasado 18 de abril, médicos, estudiantes, docentes y no docentes de la UBA se unieron en un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, una institución de salud que depende de esa casa de estudios, para advertir sobre la crítica situación presupuestaria que vive.
En una conferencia de prensa posterior, el rector Ricardo Gelpi expresó su preocupación y subrayó que «si la situación no cambia, en dos o tres meses la UBA podría cerrar».
Desde las escalinatas del emblemático hospital, el rector subrayó el significado de ese hospital como parte fundamental de la Universidad: «este lugar es un símbolo de lo que significa la Universidad de Buenos Aires, es uno de los seis centros de salud de la UBA que conforman nuestra red de hospitales».
Destacó que durante el año 2023 se atendieron más de medio millón de personas en este centro, con un flujo diario de más de 10.000 personas, entre pacientes, profesionales, estudiantes e investigadores.
El rector resaltó el prestigio internacional de la UBA, situándola entre el 1 % de las universidades más destacadas a nivel mundial. Sin embargo, lamentó que la Universidad esté operando en condiciones extremadamente difíciles, a pesar de su excelencia reconocida.
En relación con la situación presupuestaria crítica, Gelpi denunció: «Esta situación no la vivimos nunca antes en los últimos 40 años de democracia. Estamos en el límite de funcionamiento. Llegamos a un punto de extrema gravedad, en el que se ve comprometido el futuro de cientos de miles de argentinos y argentinas».
De acuerdo con la máxima autoridad de esa institución, la UBA podría dejar de funcionar debido a las facturas de servicios, cómo la energía eléctrica o el gas natural, que llegaron multiplicadas por siete.
El gobierno de Milei sostiene que “valora la educación pública”
El lunes 22 de abril, previo a la manifestación de las universidades, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en su habitual conferencia de prensa matutina que el gobierno nacional “valora la educación pública, laica y federal”.
Sin embargo, advirtió que no va a “permitir que sea usada por los políticos de turno para beneficio propio”, y marcó la postura de la gestión nacional frente a la marcha federal universitaria, que la describió como “una amenaza” de quienes “quieren mantener su status quo”.
En Casa Rosada, Adorni detalló que la semana pasada “hubo diálogo y acuerdo” para incrementar los gastos de funcionamiento de las universidades en un 70 % en marzo y otro 70 % en mayo; además anunció que se estableció una partida extraordinaria de 14.403 millones de pesos para los hospitales universitarios.
Finalmente, remarcó: «Solo nos debemos a los estudiantes y a quienes ingresan a la universidad para apostar al futuro”.
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano, donde funciona la Secretaría de Educación, publicó al cierre del lunes, un comunicado en el que confirmó los aumentos de las partidas presupuestarias.
Desde la cartera ministerial añadieron que el “gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada”, y por tal motivo, añadieron, harán una “supervisión y fiscalización” de las casas de estudios.
VOA