Foto: CBP
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), publicaron el jueves un aviso de nuevas medidas que permitirían acelerar las prohibiciones legales de asilo y expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las prohibiciones y se consideren como un riesgo a la seguridad nacional o pública.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión. Sin embargo, a partir de ahora, la nueva norma permitiría a los funcionarios considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante.
Con esta medida, el DHS considera que se podría expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos.
«La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí», dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente sólo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó el cubanoamericano.
Las autoridades estadounidenses explican que los inmigrantes que suponen una amenaza para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos para audiencias de inmigración ante un juez de inmigración. Este proceso puede llevar años y requiere muchos recursos.
De acuerdo a lo anunciado, en lo adelante los funcionarios de asilo podrán emitir una denegación de solicitudes en cuestión de días, siempre que se trate de individuos sospechosos de vínculos con el terrorismo, amenazas a la seguridad nacional o tengan prohibición penal.
Gregory Chen, el director de relaciones gubernamentales para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo a la agencia Associated Press que las normas que prohíben el asilo a personas con antecedentes penales o terroristas son importantes para proteger al país. Pero le preocupa que estos cambios aceleren lo que ya es un análisis jurídico “muy complejo”.
“En esa etapa inicial, pocos solicitantes de asilo tendrán la oportunidad de buscar asesoramiento jurídico o tiempo para comprender las consecuencias”, agregó.
“Con el proceso actual tienen más tiempo para buscar asesoramiento jurídico, preparar su caso y apelarlo o solicitar una exención», explicó el experto.
El DHS anunció además que está actualizando su política y procedimientos con respecto al uso de información clasificada en procedimientos de inmigración y continuará examinando a las personas antes de su ingreso a los Estados Unidos para identificar amenazas a la seguridad nacional o pública y tomar las medidas apropiadas.
El Departamento también continúa haciendo cumplir la regla de Elusión de Vías Legales (CLP). Esta regla incentiva el uso de procesos ordenados e impone consecuencias más rápidas para quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
USCIS emitió una guía revisada para los funcionarios de asilo para considerar si un solicitante de asilo podría razonablemente reubicarse en otra parte del país donde se teme persecución al evaluar los reclamos de persecución futura en todos los casos de miedo creíble, agregaron.
Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1 de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 720,000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 109,000 familiares individuales, recuerdan las autoridades de EEUU.
Eso incluye devoluciones de inmigrantes a 170 países de todo el mundo. Las remociones y devoluciones totales desde mediados de mayo de 2023 exceden las remociones y devoluciones en cada año fiscal completo desde 2011.
Colaboración Martinoticias