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Es engañoso que hasta el momento El Salvador se haya convertido oficialmente en el país más seguro de América Latina como dice el presidente con licencia Nayib Bukele.
Tomando en cuenta los datos sobre homicidios de una publicación de X de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, el mandatario salvadoreño aseguró: “El Salvador es oficialmente el país más seguro de toda Latinoamérica”.
Apenas a unas horas de la publicación, en X se contabilizaba una visualización del discurso de Bukele de más de 500.000, superando también los 3.000 retuits, 19.000 me gusta y más de 500 comentarios.
La Policía Nacional Civil en su cuenta oficial de X contabilizó 154 homicidios en el año y una tasa de homicidios de 2,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿esto es así?
El Salvador se encuentra entre los países que más ha reducido la violencia homicida, tiene entre las tasas más bajas y cuenta con apenas 3 % de percepción de aumento en la criminalidad; sin embargo, las estadísticas de homicidios oficiales no incluyen asesinatos de presuntos delincuentes, muertes en custodia del estado y los especialistas consideran que la seguridad va más allá de la tasa de asesinatos.
Cifra de homicidios de El Salvador es cuestionada
La cifra de homicidios con la que Nayib Bukele busca respaldar su discurso de ser el país “oficialmente más seguro de Latinoamérica” ha sido cuestionada por analistas y la propia autoridad reconoce que esta cifra no incluye las muertes de presuntos criminales que enfrentan a policías y soldados, así como las ocurridas bajo custodia del Estado.
El periodista salvadoreño Edwin Segura, quien ha analizado las estadísticas de asesinatos desde hace varios, dijo a la Voz de América que es a partir del 2022 y 2023 que la única la fuente con datos diarios de homicidios en el país es la Policía Nacional Civil (PNC), y trimestralmente lo hace la Fiscalía General de la República —lo que hace difícil contrastar cifras.
Segura dijo que ha hecho varias solicitudes de transparencia respecto a las estadísticas de delitos o a detalles de homicidios, pero las respuestas del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía General y de la PNC han sido reservarlas, o bien declararse incompetentes o decir que la información es inexistente.
Segura dijo que el análisis de la PNC omite decesos de presuntos delincuentes (en enfrentamientos con agentes policiales y militares), muertes violentas en centros penales, así como el hallazgo de osamentas.
“Visto así, las diferencias pueden o no ser importantes, dependiendo de a qué se comparan; si los comparamos con El Salvador del pasado, definitivamente los números, aún sumándolo todo, van a ser mejores que en años anteriores, eso sin duda. Ahora, si lo comparamos con la región, habría que ver cómo queda el país con respecto a otros”, dijo.
La Prensa Gráfica de El Salvador hizo un conteo de asesinatos según las publicaciones de la cuenta de X de la PNC. La cifra fue de 185 muertos de enero a noviembre de 2023, más 53 osamentas en cementerios clandestinos, con un resultado de “248 víctimas”, lo que consideran un faltante mínimo de 94 muertes a los datos oficiales.
Se reveló además que no se contabilizan a las personas privadas de la libertad que han muerto bajo el régimen de excepción, que según registros de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) suman 218 casos, donde “el 60 % de esas víctimas fueron asesinadas en prisión”, y tampoco se suman a la cifra total para ser comparable con otras tasas de países de Latinoamérica.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) dijo a VOA que la “tónica” del gobierno ha sido hacer afirmaciones sin tener datos concretos.
“En un contexto donde hay que verificar datos y donde la información pública generalmente no está disponible, es problemático porque no hay cómo contrastar”, manifestó.
Dijo que el Índice de Paz Global (2023) no señala que El Salvador es el país más seguro, para poder tener un respaldo que valide esas afirmaciones que hace el gobierno y en particular el presidente Bukele.
El Índice de Paz Global 2023, un indicador que analiza el nivel de seguridad social y protección, la extensión de conflictos internos e internacionales en curso y el grado de militarización, posicionó a El Salvador en el lugar 122, mientras que otros países como Panamá están en el 68, Guatemala en el 105, Uruguay en el 50 y Argentina en el 54.
Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la organización salvadoreña Cristosal, dijo a la VOA que las declaraciones del presidente Bukele, igual que las expresiones dadas por el gabinete de Seguridad al manifestar que El Salvador es el país más seguro de América, “son poco confiables”.
“Esto forma parte de una campaña mediática que se ha sostenido a lo largo de la presidencia de Nayib Bukele y que ahora se vuelve más intensa en la medida que se ha postulado de forma inconstitucional para presidente”, expresó.
Navas expresó que es importante aclarar que en El Salvador hay falta de acceso a la información, no hay datos claros sobre homicidios o sus causas, así como de detenciones por delitos graves como homicidios agravados, violaciones, estafas, entre otro tipo de delitos.
Ante esto, dijo que es difícil dar fe a las declaraciones de Bukele en la medida que no hay datos para contrastar. La defensora de derechos humanos dijo que solo en la última semana de diciembre, en San Salvador se registró un día con seis homicidios.
No es la única razón por la que duda de las cifras del mandatario. Navas criticó la clasificación que ahora están haciendo las autoridades salvadoreñas, llamándole delitos sociales o quitándole la gravedad de este tipo de hechos e incluso ocultando hechos muy graves como violaciones y otro tipo de delitos por miembros de la Fuerza Armada salvadoreña “también hace que se le pierda toda credibilidad”.
“No es cierto que El Salvador sea el país más seguro de América, pues para eso tendríamos que tener cifras oficiales reales, contrastadas con información que se genera a partir de otras fuentes como universidades, organizaciones de la sociedad civil, entre otros”, remarcó la especialista.
Aunque desde 2023 Bukele ha asegurado que El Salvador es el más seguro de Latinoamérica, los datos de la ONU más recientes publicados en diciembre pasado sobre homicidios intencionales de 2022 señalan que, mientras la región salvadoreña tenía una tasa de 7,83 homicidios por cada 100.000 habitantes, Chile tuvo una tasa de 6,74, Bolivia 3,97, Argentina 4,31, Paraguay 6,96, según datos de las autoridades de cada país, recopilados por la encuesta anual de tendencias delictivas de las Naciones Unidas.
Percepción de seguridad y baja de homicidios en El Salvador
El último Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reconoce que la tasa de homicidios en El Salvador ha ido a la baja.
“La disminución se produjo en El Salvador, donde hubo 7,8 homicidios por 100.000 en 2022 en comparación con 106,8 en 2015. La represión contra las pandillas y el encarcelamiento de más de 72.000 presuntos pandilleros desde la implementación del estado de emergencia en marzo de 2022 son a lo que el gobierno atribuye la fuerte disminución de la tasa de homicidios en El Salvador”, reportó la oficina de Naciones Unidas.
Aunado a ello, en el documento se reconoce que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos “ha expresado profunda preocupación por el prolongado estado de emergencia en El Salvador, y denunció uso excesivo de la fuerza, detenciones y malos tratos, así como modificaciones del derecho y el procedimiento penales”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista en televisión el pasado 4 de enero que la reducción de la tasa de homicidios se comenzó a observar en el país centroamericano nueve meses antes del régimen de excepción.
Según el funcionario, en ese momento verificaron que “habían ganado terreno y sacado a la organización criminal” que tenía el monopolio de homicidios en El Salvador, dijo en referencia a las pandillas.
Por eso es que el cierre del año 2023, de 2,4 homicidios, es el nivel más bajo de América Latina, reiteró Villatoro. “Básicamente estamos ya a niveles de primer mundo. Muy por debajo, con 0,1 respecto a Canadá”, expresó.
Explicó que Canadá cerró 2022 con 2,3 homicidios, por cada 100.000 habitantes, y destacó que en 2023 la tasa de homicidios creció para el país norteamericano. “O sea que nosotros, todavía estamos en posibilidad de que cuando Canadá publique (datos oficiales de homicidios) de posicionarnos en el país más seguro del continente”, expresó Villatoro.
El ministro de Seguridad dijo que en el país se ha reducido la tasa de impunidad en homicidios. Detalló que en 2023, de cada 100 homicidios, 94 fueron resueltos. Esto sin tomar en cuenta los asesinatos de presuntos delincuentes, osamentas y aquellas muertes bajo custodia del Estado.
Bukele, también reconoció en un Space de X el pasado 3 de enero que la situación de cada país es diferente en materia de seguridad.
“Todo país es diferente, todo país tiene no solo diferencia de tamaño, población, etcétera si no que tiene además otras realidades culturales, históricas, políticas, etcétera”, admitió. “No es lo mismo Brasil que Panamá, pero si se puede en El Salvador, estoy seguro que se puede en otro país”.
Seguridad es más que cifras de asesinatos
Santos, directora del Idhuca, planteó que si bien la reducción de homicidios es importante y necesaria, “no podemos reducir la seguridad a la reducción de homicidios”, sino que es necesario tener un abordaje integral.
Explicó que muchas veces dentro de esta baja de homicidios quedan por fuera distintas poblaciones que han estado en condiciones de vulnerabilidad históricamente y que no se tienen contempladas. Particularmente las mujeres, “ya que la violencia hacia ellas continúa”.
“Entonces, hablar de un país más seguro de América Latina y demás creo que es algo impreciso y que no tiene en cuenta todas estas perspectivas y enfoques que son necesarios para hablar de seguridad de forma tan tajante y determinada como lo hace el presidente”, apuntó.
La ONU define la seguridad ciudadana como “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica”.
Establece además que “no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia”.