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El Congreso colombiano hundió el miércoles la reforma a la salud, una de las banderas del presidente Gustavo Petro, sumando otra derrota en el Legislativo donde carece de mayoría garantizada.
Nueve senadores, de la Comisión Séptima con 14 miembros, votaron a favor de archivar la reforma que pretendía hacer cambios estructurales al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años.
La propuesta, que es uno de los proyectos del gobierno de Petro, planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.
La de la salud era la reforma más debatida y también la de mayor avance en el Congreso de un paquete de propuestas sociales ambiciosas que Petro ha impulsado en su programa de gobierno para cambiar el sistema laboral, de pensiones y de educación.
“Resistir, insistir y nunca desistir; y no vamos a desistir a cambiar este país y lograr dar salud a todos los colombianos, no sólo a los del norte de Bogotá”, aseguró durante el debate el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien hasta el último momento defendió la reforma.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, agregó que el gobierno insistirá en reformar el sistema de salud. “Yo no me voy a declarar derrotado, sigo buscando una salida”.
El gobierno argumenta que el actual sistema de salud no es equitativo, porque al menos 600 municipios carecen de puestos de salud en su zona rural, mientras que en las grandes ciudades hay clínicas de alto nivel.
Sin embargo, los nueve senadores que votaron en contra de la reforma consideraron que el proyecto no respondía a los problemas del actual sistema ni garantizaba su prestación en los lugares más alejados del país.
Norma Hurtado, senadora opositora, explicó en el debate que tienen dudas de su viabilidad financiera y consideraron la reforma regresiva en derechos de los usuarios, dado que “coarta la libre elección” para elegir un prestador de servicios de salud, dando mayor poder al Estado.
En paralelo al debate en el Congreso, el gobierno ordenó en las últimas horas la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas, con 5,7 millones de afiliados, y la Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados.
Esas entidades, que administran los recursos de la salud y contratan los servicios médicos, iban a cambiar de vocación con la reforma de la salud, lo que algunos sectores advertían como una forma de destruirlas.
Con la intervención de las EPS, Petro aseguró el miércoles desde X, antes Twitter, que “el gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud” para evitar una “quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud”.
La Superintendencia de Salud, encargada de intervenir a las EPS, explicó la víspera que decidió tomar el control porque Sanitas no cumple con los requisitos de habilitación financiera, hay un aumento en las quejas por incumplimiento de servicios y tienen deudas millonarias con los prestadores como hospitales.
Algunos opositores a la reforma a la salud han interpretado las intervenciones a las EPS como una forma de imponer la reforma en la práctica. ”¿Va a imponer su reforma a las malas, de manera dictatorial, interviniendo a todas las EPS, poniendo en riesgo 17 millones de personas?”, cuestionó la representante Carolina Arbeláez en el debate.
Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, dijo a The Associated Press que el hundimiento de la reforma no sorprende dado que el gobierno tenía la mayoría en contra.
Basset no considera que la intervención a las EPS sea una forma del gobierno para reformar el sistema por vía administrativa, porque no cree que tenga margen de maniobra para hacerlo.
VOA