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La fiscalía peruana denunció constitucionalmente al expresidente Manuel Merino, que estuvo 6 días en el cargo, por la muerte de dos jóvenes durante las protestas de noviembre de 2020.
la fiscal general, Zoraida Ávalos, acusa al exmandatario, a su exjefe de gabinete y al ministro del Interior «como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país».
Ávalo acusa a los exfuncionarios de «incumplir» su deber en proteger la vida de los manifestantes durante las protestas de noviembre 2020 contra Merino.
Durante las movilizaciones dos jóvenes murieron al enfrentarse con las fuerzas de seguridad, mientras que 78 personas tuvieron lesiones graves.
Reacción de Merino
El expresidente peruano rechazó los señalamientos de la fiscalía y dijo que «jamás existió alguna orden directa o indirecta de mi parte para atentar contra la vida, el cuerpo y la salud de los manifestantes».
Merino calificó la denuncia en su contra como un atentado contra la democracia y acusó a la fiscal general de mentir al indicar que «yo conocía el desenlace de las manifestaciones».
El entonces presidente del Congreso peruano, Manuel Merino, ocupó por 5 días la presidencia del país andino tras la destitución del Martin Vizcarra por parte del legislativo. Desde ese momento, cientos de personas tomaron las calles de Lima rechazando la designación de Merino.
Tras los hechos violentos, Merino presentó su renuncia como jefe de Estado y volvió a ocupar el cargo como congresista.
La denuncia contra el exmandatario pasará ahora al Congreso para ser calificada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de ser aprobada, pasará al pleno del legislativo debido a que los exfuncionarios tienen derecho a un antejuicio político.
America24horas.com